- La diputada nacional afirma que el sector primario necesita una estrategia global para afrontar los problemas, “y no enfrentar a nuestros productores entre sí ni con los distribuidores”
“Reformar la Ley de cadena alimentaria es imprescindible para solventar la crisis del sector agrario”, así lo ha dicho la diputada nacional de Ciudadanos, María del Carmen Martínez, en relación a la situación del sector primario y el anuncio de movilizaciones en la provincia de Cádiz el próximo martes 18 de febrero.
Martínez se ha mostrado muy crítica con la actitud del ministro de agricultura, pesca y alimentación, Luis Planas, “que en lugar de plantear soluciones provoca enfrentamientos entre distribuidores y productores”, y ha subrayado que desde el grupo parlamentario de Ciudadanos han pedido su comparecencia para que ofrezca las explicaciones oportunas sobre cómo tiene previsto garantizar la viabilidad económica de los productores agroalimentarios. “Debemos asegurar el equilibrio de las relaciones entre los distintos operadores de la cadena alimentaria, no enfrentarlos”, ha incidido la diputada, “y de esta manera fortalecer al eslabón más débil, que son los productores”.
La parlamentaria, quien ha sido designada por la dirección de su partido como portavoz de Ciudadanos en la comisión de agricultura del Congreso de los Diputados, ha hecho alusión también al impacto que la subida del Salario Mínimo Interprofesional tendrá en el sector agrario español, “que supone un fuerte incremento de los costes laborales y resulta inasumible para las pequeñas y medianas explotaciones”. “Mucho nos tenemos que el Gobierno no ha estimado cuáles serán los eventuales efectos y el impacto que esta subida tendrá para el empleo y para la competitividad del sector agrario español”, ha afirmado Martínez, quien ha especificado que en este sentido se han planteado las preguntas presentadas por la formación naranja a la mesa del Congreso.
Para finalizar, la diputada nacional ha hecho alusión a la situación de la financiación autonómica tras la celebración Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado la semana pasada, “nuestra postura es firme en la exigencia de los 2.500 millones del IVA de 2017 que el Gobierno le debe pagar a las comunidades autónomas”; y ha afirmado que la propuesta socialista de flexibilizar el déficit, es sólo una manera de “salir del paso” pero que “no soluciona el problema que las comunidades autónomas se encuentran a la hora de realizar sus presupuestos por culpa de esta deuda, que en el caso de Andalucía se eleva a los 537 millones”, ha concluido Martínez.
